Desprecio a los acuerdos firmados, desprecio a las buenas maneras y a la justicia. Esas son las actitudes que han tomado quienes manejan el Estado, quienes se supone son nuestros representantes. Ellos son quienes que han incurrido en fraude moral al aprobar una reforma a la Ley de Hidrocarburos que abre camino a la renegociación unilateral de los contratos petroleros, imponiendo el Estado nuevas condiciones no pactadas de acuerdo mutuo.

Los contratos son acuerdos entre voluntades generadores de derechos y de correspondientes obligaciones. Son acuerdos donde se consagra la palabra de las partes para delimitar los alcances y responsabilidades de los involucrados. La obediencia a los contratos es muestra de educación y civilización, es propio de personas regidas bajo la ética y el respeto a los compromisos adquiridos.

Nadie, ni personas ni instituciones -incluyendo las instituciones del gobierno- están facultados con ley o sin ella para infringir el derecho consagrado en los contratos. Bajo ningún concepto y bajo ninguna circunstancia es permisible la violación del derecho. Mas aún, es totalmente censurable que el atropello que se ha legalizado, se lo excuse por la necesidad gubernamental de recursos para saldar el irresponsable gasto fiscal, novela cuyo primer capítulo lo escribiera el ex Ministro de Economía Rafael Correa quien disolviera el FEIREP y arruinara así una incipiente cultura de ahorro fiscal.

El precio del atrevimiento se lo saldará con duras sanciones al país sin dudarlo, mas el peso de las consecuencias lo pagarán los ciudadanos que no sus inconsecuentes representantes en el Estado, lo pagarán quienes generan riqueza mas no quienes viven de ella escamoteándola mediante impuestos y privilegios. De no desandar lo actuado graves perjuicios puede esperar el país, acaso el primero ya se haya materializado: el que se considere a nuestro país como un territorio bárbaro donde impera el desprecio por la justicia.

Atentar contra los convenios suscritos es devaluar la palabra dada, es corromper, es defraudar, es tomarse atribuciones indebidas y abusar del poder; es amputar el derecho que es base de la justicia y la civilización.