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La verdad es que la realidad ha derogado a la legalidad, que las leyes se hacen sin tomar en cuenta lo que la sociedad es y sin advertir la forma en que la gente reaccionará ante nuevas disposiciones. Se olvida el concepto cínico, pero veraz, de que lo que rige es “la letra colorada”. La otra, la norma escrita y publicada, con escasas excepciones, es entretenimiento de académicos y literatura de legisladores. Es referente para ingenuos.

1.- Las tres virtudes de la ley perfecta. Norberto Bobbio, el ilustre jurista y profesor italiano, decía que la ley debe ser justa, válida y eficaz. (i) “Justa”, es la ley que traduce los valores sociales, históricos, filosóficos y morales de la comunidad. Allí están las ideas de justicia, libertad, equidad, igualdad, etc., que son los elementos inspiradores del ordenamiento jurídico. Esos valores son los factores de “legitimidad” de las leyes. (ii) “Válida”, en cambio, es aquella norma que ha sido expedida por órgano legislativo competente, con sujeción a los procedimientos constitucionales, y que además, vincula a los ciudadanos y a las autoridades, por estar vigente. Alude a la perfección formal. (iii) “Eficaz” es la ley que encarna efectivamente en la sociedad, es la que se cumple y produce consecuencias concretas. Es la que se obedece. Es la dimensión verdadera de la norma, la que se mete en la vida y estructura las relaciones de la comunidad. 

Raras son las leyes perfectas que reúnen en sí la (i) legitimidad que les da la justicia y el respeto a las libertades; (ii) la perfección técnica, que depende de la sabiduría y competencia del legislador, y de la claridad y consistencia de las normas; y (iii) la eficacia, que hace útil y operativo al sistema legal. Lejos está el país de esa perfección ideal. Somos un gran depósito de leyes a veces injustas, de dudosa validez, y además ineficaces. Las excepciones confirman la regla.

2.- Causas de ineficacia de las normas. El problema está en que las normas, incluso las constitucionales, son teóricamente justas -a veces son un poema, un canto a la doctrina-, pero son escandalosamente ineficaces. Este es el problema del Ecuador: sobresaturado de normas inútiles, de declaraciones retóricas, pero, en la práctica, inservibles. La inutilidad de las normas proviene: (i) de su falta de sintonía con la realidad. 

Desde nuestro tropical y tormentoso escenario político, legislamos como para Suiza. A nadie se le pasa por la cabeza hacer una hipótesis de cómo reaccionará la sociedad ante una norma que se le ocurre al legislador o que inventa el planificador. Eso sucedió cuando despenalizaron el hurto, o cuando la Asamblea de Montecristi, a título de democracia directa, generalizó, sin reserva ni condición, la revocatoria del mandato, y cuando, en el colmo del entusiasmo, consagraron la “ciudadanía universal” que ha invadido el país de toda clase de aventureros. (ii) El desbordamiento judicial, precipita la ineficacia normativa. Si una comunidad está aquejada de crónica desinstitucionalización, si los juicios literalmente ahogan a los jueces, si no hay desarrollo tecnológico de apoyo, si las leyes mantienen procesos medievales, como respuesta se genera una sensación de impunidad, prospera la frustración y la impresión de desamparo, que deriva en la tentación de la justicia por mano propia. (iii) La ceguera ideológica, la novelería doctrinaria y la improvisación política convierten a las asambleas legislativas en fábricas de papeles inútiles: es cada vez más frecuente el hecho de que las normas tengan extraordinaria carga ideológica y que estén determinadas por un dogmatismo legislativo contraproducente. (iv) La sobre abundancia de normas complica su aplicación, plantea conflictos de interpretación y neutraliza su eficacia. En el país rigen teóricamente cientos de miles de disposiciones que provienen de las más diversas fuentes. 

Nadie es capaz de entender qué es lo que realmente está vigente, y si prevalece la ley o el decreto ejecutivo posterior, ni cuál es la razón para que el reglamento haya reformado la Ley o lo que es peor, cómo es posible que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional haya “reformado” a la Constitución, ni cómo se entiende que se cambien las reglas del juego por vía de interpretación.

3.- La desmoralización social. La pérdida del respeto a la ley es el peor escenario para la sociedad. La ineficacia legal genera esa “cultura de ilegalidad” en que vivimos. 

Buena parte de las normas –todos sabemos- no tienen vigencia social, no se cumplen, y" todos tranquilos, mirando a otra parte, justificando el descalabro, haciendo discursos, ofreciendo la felicidad. En esas condiciones, impertérrita, la fábrica de leyes de mala calidad sigue operando, sorda y ciega a la realidad que le desmiente cada día, que deroga con sus prácticas los actos de poder, que genera esa especie de “legalidad paralela”, hecha de recursos abogadiles, de trampas y de mentiras admitidas, que son secretos a voces.

El drama está en que las universidades enseñan la “legalidad oficial”, pero nunca advierten el agujero negro de la realidad, donde prospera la otra verdad; donde todos, en vista de la inutilidad de las leyes y de la caducidad de los procesos, han inventado la “jurisprudencia de la vida cotidiana”. Donde no queda más que allanarse, por ejemplo, a que la audiencia laboral no sea en los siguientes veinte días, como dice la ley oficial, sino después de diez meses, como disponen la dictadura de la necesidad y la saturación judicial. Donde no queda sino conformarse con que el sistema de “juzgamiento oral”, no sea oral sino escrito, como señala la comodidad del juez o la pereza del abogado.

4.- Seguridad e impunidad. La seguridad jurídica y personal, que deberían ser la razón de ser del sistema, son un mal chiste. Nadie puede, razonablemente, sustentar sus actividades, su plan de vida, en la mínima certeza que deberían dar la Constitución y la Ley. 

Nada ni nadie está seguro. Todo puede ocurrir. En semejante escenario, lo que prospera es la sensación de impunidad, la tentación de las medidas de hecho, la fuerza de la delincuencia y el miedo del ciudadano. ¿Para qué, entonces, el enorme aparataje jurídico y burocrático que soportamos? ¿Para qué el Estado?

Publicado originalmente en El Comercio (Ecuador)