De una sola embarcación de pesca blanca, el miércoles anterior en el puerto de Manta, este Diario constató el desembarque de 50 tiburones, 40 picudos, 10 albacoras y pequeñas cantidades de otras especies marinas, lo que pone en duda que la pesca de los escualos, por ser mayoritaria, sea producto de la casualidad o “incidental”, como lo autorizó el Gobierno.
Y a pesar de que este panorama se repite en otras localidades costeras, ayer, en la Gobernación del Guayas, el presidente Rafael Correa insistió en defender el Decreto 486 que permite la venta de las aletas de tiburones obtenidos, solamente, en la pesca incidental.
“De ninguna manera se ha liberado la pesca del tiburón”, decía ayer a las 10:00 Correa, en Guayaquil, pero tres horas antes, cerca al cantón Arenillas, en El Oro, la Policía Ambiental incautó 261 tiburones llevados desde Manta, donde el martes pasado se encontraron 528 aletas recién sacadas del mar. Hubo también ayer un plantón de ecologistas en Guayaquil.
Algunos pescadores en Manabí empezaron a desembarcar sin problemas los tiburones. Aducen que Correa derogó el decreto 2130 que prohibía su comercialización. “Ya no tenemos porqué escondernos porque los pescadores cogen los tiburones de forma incidental y no hay que desperdiciar”, dijo Jorge Chiriboga, dirigente y comerciante de pescado.
En el operativo de ayer también estuvo el director de la Fundación Sea Shepherd, Sean Ohearn Jiménez, quien además presenció la incautación de las aletas en Manta, desde donde (según investigaciones) partieron los troncos de tiburón.
Los cuerpos eran transportados en dos camiones Hino de color blanco, uno con placas HBT-714 y otro con MCG-275. El destino de las cargas era Perú, hacia donde (pese a la vigencia del decreto 2130) se traficaban las aletas que eran exportadas al continente asiático.
Los choferes de los automotores: Pascual Manuel Quimís Quimís y Román Wilfrido Zambrano Alvarado, fueron detenidos y permanecen a órdenes del Fiscal de Huaquillas y de delitos Aduaneros, Lenin Fierro, quien ya inició la instrucción fiscal.
Un error del Gobierno, sostienen ecologistas y ambientalistas que critican su decisión, es que derogó la prohibición de vender tiburones producto de la pesca incidental sin tener listos los plantes de control. Por lo que “nadie puede determinar si la pesca no fue dirigida”.
Es más, en declaraciones a este Diario la subsecretaria de Pesca, Marcela Aguiñaga, dijo que recién se están tramitando las partidas en el Ministerio de Economía para comenzar a desarrollar los controles adecuados en las playas, hasta donde los tiburones deben llegar completos, según el decreto, con el objetivo de frenar el aleteo (corte de aletas en alta mar).
Noticia publicada en El Universo (Ecuador)